Diputado Alberto Robles: La institucionalidad universitaria es una decisión política

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El presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Alberto Robles, tuvo una activa participación en el Seminario “Educación Superior: la reforma que viene”, organizado por Aequalis el pasado lunes 12.

En parte de su intervención, explicó que establecer una institucionalidad para la Educación Superior, es una decisión política y se resuelve a través de formas legislativa. Añadió que la discusión técnica no es la discusión política. Ella constituye insumos para conferir a la decisión política su forma técnica más perfecta.

Alberto Robles explicó que no ha existido,  en general, discusión significativa sobre el diagnóstico, los ejes centrales y los objetivos principales del Proyecto, es decir,  no ha existido discusión fundamental sobre el núcleo políticamente relevante del proyecto de reforma a la Educación Superior.

La discusión se ha centrado sobre las instituciones que se proponen al servicio de esos  objetivos principales.

¿Qué instituciones propone el proyecto?

Según el presidente de la Comisión, el proyecto propone un Sistema integrado por las instituciones de educación superior y por el conjunto de organismos y servicios públicos con competencia en dicho ámbito.

Se propone también una Subsecretaría de Educación Superior, como un órgano administrativo de colaboración directa del ministro o ministra de Educación en la elaboración, coordinación, ejecución y evaluación de las políticas para la educación superior , tanto en el ámbito universitario como en el técnico profesional.

Un Consejo para la Calidad de la Educación Superior, una Superintendencia de Educación Superior, una red de Instituciones de Educación Superior Estatales.

Financiamiento Público de la Educación Superior: se propone la gratuidad para los estudiantes de sus estudios de pregrado.

Financiamiento Público de las Funciones de Investigación y Creación Artística. 

Un fondo para las Instituciones de Educación Superior Estatales.

El diputado Robles dio cuenta también de lo que la Comisión escuchó de quienes asistieron a sus sesiones. Entre otras: Un exceso de control de los organismos del Estado sobre las instituciones de educación superior que tensiona la autonomía; sobrecarga de funciones de las agencias del Estado; tratándose de la Superintendencia de Educación Superior, habría un descenso de la responsabilidad, desde el nivel político a uno meramente administrativo. Además, las facultades que se proponen para ella, en general, se contraponen a las de la Contraloría; el proyecto intenta desarrollar la educación pública a través del sector privado, interviniendo y eliminando la autonomía de los proyectos educativos, sus patrimonios y sistemas de gobierno en pos de un modelo único estatal; el proyecto no soluciona, sino que agrava la crisis del sistema de universidades públicas y, en consecuencia, resulta central la discusión sobre el sentido, identidad y estatuto de las universidades públicas; La propuesta está construida desde la desconfianza a las instituciones de educación superior; entre otras.

Criterios para evaluar lo que se propone

Todas las críticas que apuntan al exceso de presencia del Estado en el régimen de garantías que subyace en las Instituciones que se proponen (desconfianza, presume mala fe, exceso de regulación, exceso de control, súper ministerio, súper subsecretaria, súper-intendencia, captura política), se formulan bajo una misma idea fundamental: la pérdida de autonomía de la institución de educación superior (pública o privada).

Esta crítica pone su énfasis no en el fin (el derecho garantizado), sino que en el “medio”( el mecanismo de provisión=la institución de educación superior).

La “autonomía” que es importante defender o resguardar es aquella propia, distintiva o que singulariza a todo tipo de la Universidad.

En este aspecto, y bajo esa comprensión de la autonomía universitaria, estoy con aquellos que sostienen que el proyecto de reforma efectivamente disminuye la autonomía de las instituciones de educación tal cual ha sido concebida hasta la fecha (la autonomía se hizo sinónima de ausencia de regulación y control).

Pero la pregunta relevante, políticamente, es otra: ¿Esa mayor restricción para garantizar el derecho a la educación de nuestras y nuestros jóvenes, afecta seria o gravemente la autonomía que debieran ostentar las IES?

La respuesta es un rotundo NO…no existe en toda la proposición normativa del proyecto ni menos en sus motivaciones, alguna regulación que impida a las IES seguir adoptando decisiones de modo independiente en el ámbito financiero, académico y administrativo.

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