La acreditación institucional necesita algunos cambios

J. M. Salazar

José M. Salazar, miembro del directorio Aequalis.- Recientemente, la Comisión Nacional de Acreditación ha presentado su cuenta pública 2016. Junto con plantear algunas recomendaciones para la reforma del sistema de aseguramiento de la calidad que la Comisión extrae de su propia experiencia, también ilustra su actividad durante el último año.

En materia de acreditación institucional, por ejemplo, informa que el 90% de la matrícula se radica en las 44 universidades, 18 institutos profesionales y 17 centros de formación técnica acreditados. Un incremento del 16,7% respecto de última cuenta pública que presentó la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado en 2007, cuando se reportó una cobertura total de este instrumento de política respecto de la matrícula sectorial era de un 73,4%. Una primera conclusión, entonces, es que la matrícula total se consolida entre instituciones acreditadas. ¿Es éste un buen o mal resultado?

Desde el prisma de los resultados, 21 instituciones fueron evaluadas por la Comisión en 2015. 19 fueron acreditadas. 6 obtuvieron 5 o más años, punto desde el cual suelen agruparse los resultados destacados en acreditación. Sólo una universidad privada y un centro de formación técnica fueron acreditados por el mínimo de 2 años. En las áreas de acreditación electivas, 10 instituciones se acreditaron en vinculación con el medio, 6 en investigación y 3 en docencia de posgrado, a lo que hay que agregar otras 3 instituciones que se acreditaron simultáneamente en las tres áreas electivas, todas ellas universidades. Del total de instituciones acreditadas a la fecha, 34 lo están en vinculación con el medio, 22 en investigación y 13 en posgrado.

Así observados, los números sugieren que las 44 instituciones de educación que no están acreditadas tienen una matrícula total de 127.559 estudiantes, o el 10% de la matrícula nacional. Aunque que existen diversos motivos para que una institución no se presente a la acreditación, la percepción de una cierta fragilidad institucional que pone en riesgo el proceso es muy común entre los casos estudiados. Con una matrícula promedio cercana a los 2.900 estudiantes, muchas de estas instituciones no poseen todavía las capacidades financieras y educacionales necesarias para consolidar una gestión profesional. Las 81 instituciones acreditadas, por su parte, parecen haber demostrado niveles de desempeño aceptables, en términos de dar cuenta de las demandas del entorno y de las exigencias que les fija su propia misión. Entre ellas, se cuentan todas las instituciones de mayor prestigio y productividad científica en el país.

Con todo, es llamativo que 35 universidades se encuentren acreditadas en investigación y 26 en posgrado, sobre un universo de 57 universidades autónomas. Desde el prisma de la acreditación institucional, tal decisión implica que la Comisión estima que esas 35 instituciones son eficientes y eficaces en su producción científica. Según el reporte 2014 de Scimago Lab, Chile es el cuarto productor de publicaciones científicas en la región, después de Brasil, México y Argentina. No obstante, posee el mejor índice de citas por artículo dentro de este grupo (2,56). A pesar de tales desempeños, su lugar en el ranking mundial de productividad científica Scimago cayó del lugar 21 al 25 entre 2003 y 2012, en parte porque el crecimiento de su producción científica fue más lento que el observado en países con similares niveles de productividad e impacto (como España, Hungría, Grecia y Portugal). También es importante notar que sólo 10 universidades chilenas publicaron más de 1.000 artículos en el periodo 2008-2012, concentrando casi el 75% de la producción nacional.

Aunque producción científica y acreditación en investigación no son exactamente lo mismo, ni existe una fórmula de cálculo que traduzca automáticamente la una en la otra, es evidente que una completa falta de alineación entre ambas hace que el sistema de aseguramiento pierda su función coordinadora dentro del marco de políticas. Quizás es necesario revisar el foco de la acreditación de la investigación – una de las dimensiones menos difusas del quehacer universitario –  para enfatizar más marcadamente la importancia de estos resultados dentro del proceso de evaluación (en términos de su impacto dentro de comunidad científica de referencia o en las políticas públicas), especialmente esos que provienen de proyectos que han sido financiados externamente y sobre base competitiva.

Por otra parte, la acreditación del pregrado también enfrenta importantes desafíos. Aunque se ha tratado de dar un mayor énfasis a los resultados del proceso formativo, la imposibilidad de contar con exámenes nacionales para evaluar el resultado de la formación profesional dificulta avanzar más decididamente en esta área. Las importantes variaciones curriculares que se aprecian dentro de una misma profesión o disciplina, y la inmensa diversidad que refleja el currículo de pregrado juegan aquí un papel significativo. Por eso, necesitamos que los criterios y procedimientos aplicados a la acreditación del pregrado sean complementados con otras herramientas que permitan enfatizar la importancia de los resultados de los procesos formativos.

Ante la imposibilidad de contar con un instrumento equivalente a PISA para la educación superior, muchos sistemas nacionales están dirigiendo su atención a las encuestas de compromiso estudiantil. Ellas permiten advertir fluctuaciones en las condiciones que permiten aprendizajes de calidad. Aunque imperfectas, permiten visibilizar los esfuerzos que las universidades hacen en pos del aprendizaje de sus estudiantes, además de facilitar diferentes comparaciones entre instituciones similares a través de las distintas etapas del proceso formativo. Las evaluaciones institucionales se enriquecerían significativamente si incorporaran una variable de este tipo.

Ojala que la Comisión cuente con el liderazgo suficiente para abrir una conversación sectorial que permita robustecer los instrumentos en aplicación, enfatizando la importancia de los principales resultados que genera la educación superior.

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