La educación debe corresponder a una política de Estado y no de Gobierno

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Este fue uno de los planteamientos hechos por los representantes de Aequalis ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. María José Lemaitre y José Julio León, presidenta y vicepresidente del foro respectivamente, fueron invitados al Congreso para exponer los resultados de los estudios realizados por las comisiones de institucionalidad y aseguramiento de la calidad, formadas por Aequalis.

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Una destacada participación tuvo Aequalis en la sesión de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados realizada este lunes 14 de noviembre en la sede del ex Congreso Nacional. En la ocasión, la presidenta del foro, María José Lemaitre, y el vicepresidente, José Julio León, expusieron acerca de las conclusiones obtenidas  por las comisiones formadas para analizar los planteamientos del proyecto de reforma a ley educación superior relativos a institucionalidad y aseguramiento de la calidad.

Ambos personeros destacaron aspectos como la falta de consistencia del proyecto, la necesidad de definir un marco de referencia que permita un análisis más acabado, la importancia de que la reforma sea un programa de Estado y no de Gobierno y que la autonomía se establezca de manera que no entorpezca la calidad de la enseñanza.

María José Lemaitre recalcó la relevancia que tuvo el poder presentar y difundir el trabajo de las dos comisiones “porque reflejan un punto de vista de un grupo muy amplio, pluralista y diverso de personas que, además, increíblemente llegaron a un consenso claro en término de los puntos que hay que rescatar. Lo que hicimos ante la Comisión de Educación fue presentar esos puntos y señalar aspectos básicos del proyecto de Ley; éste representa una oportunidad privilegiada para abrir una reflexión y una discusión sobre la educación superior, aun cuando existen falencias que es imposible desconocer.”

Agregó que entre los principales aspectos que el proyecto debiera corregir está su diagnóstico, parcial y en cierto modo sesgado; además, “está descontextualizado, no se hace cargo de la realidad de las instituciones, ni de los estudiantes; hay una inconsistencia entre lo que declara como objetivo y los medios de que dispone”. La comisión de Aequalis hizo también un análisis más detallado de aspectos concretos que hay que cambiar: en cuanto al Consejo para la Calidad, se insiste en la necesidad de privilegiar la independencia en la composición y estructura del Consejo para la Calidad, separando las funciones políticas y técnicas y generando un espacio de participación. En cuanto a los procesos de  acreditación, señaló, “valoramos mucho la acreditación obligatoria, pero nos parece que hay que buscar mecanismos para mantener la evaluación de carreras, la que podría encomendarse a agencias especializadas”.

También resulta crítico el tema de los pares evaluadores: “éstos deben ser académicos o  profesionales en ejercicio, debidamente capacitados, rechazándose la opción de utilizar a ‘evaluadores del servicio’, así como a la facultad que se les da de efectuar recomendaciones durante la evaluación”.

Institucionalidad

El tema de  institucionalidad fue para Lemaitre particularmente relevante. “Lo primero que reiteramos es la importancia de tener una mirada de largo plazo sobre la educación superior. El proyecto no la tiene, ni establece mecanismos para tenerla. Si una subsecretaría dura cuatro años, como cualquier Gobierno, no hay ninguna posibilidad de que eso sea una política de Estado y se limita a ser una política de Gobierno. La educación superior no puede funcionar en esa forma”.

También destacó que se hicieron observaciones importantes sobre la capacidad de la subsecretaría para asumir el conjunto de funciones que se le asignan, y aun cuando existe mayor consenso acerca de la superintendencia, es preciso hacerse cargo de que ésta tiene por objeto regular un sistema que opera desde hace muchísimos años, cuyas características hay que tomar en consideración.

El CRUCH fue otro de los temas tocados por los representantes de Aequalis, indicándose como prioritaria su revisión. “Inicialmente se pensó como el organismo que iba a reunir a todas las instituciones de educación superior, pero hoy no hay ninguna lógica que permita definir quiénes están dentro del CRUCH y quiénes fuera”.

Las observaciones en el campo de la institucionalidad tienen que ver, señaló, con un proyecto de Ley “casi voluntarista, que piensa que porque se definen ciertas normas, ciertas reglas, ciertos aspectos legislativos, se va a cambiar la forma de operar y el quehacer de las instituciones de educación superior. Es altamente improbable, y es imposible pensar en educación superior sin el concurso activo y comprometido de las instituciones”.

Al finalizar la intervención, los diputados miembros de la comisión Mario Venegas, Giorgio Jackson, Camila Vallejo, Jaime Bellolio y el presidente de la misma, Alberto Robles, hicieron consultas relativas a los planteamientos de Aequalis ante temas como: cuáles son factores irrenunciables que no deben afectar la autonomía de las instituciones; presiones que ejerce el tema del financiamiento y cómo fijar límites al respecto, cómo imagina Aequalis la gobernanza, cómo resolver la ausencia de una estrategia nacional de desarrollo; la acreditación en base a la evaluación de procesos versus resultados, y la evolución del proceso en Chile y la factibilidad que ve Aequalis de que el país logre tener un proyecto de ley que modifique y mejore la educación superior.

Estos puntos fueron respondidos por el abogado José Julio León, quien destacó que el proyecto en sí es un tema político que debe ser resuelto por la política pero de manera que se transforme en un tema de Estado y no de Gobierno. A su juicio el problema es que hoy se discute  una ley de medios (“la gratuidad es un medio, el administrador provisional fue un medio”) y que no hay una real política de educación superior ni se conoce  cuál es la definición del Gobierno en aspectos fundamentales. Por ejemplo entre las atribuciones, competencias y diferencias concretas que debe haber entre la educación estatal y privada.

Por otra parte mencionó que la autonomía no debería enfocarse a que miembros de la institución puedan tomar decisiones independientes del controlador. Criticó el modelo de la gratuidad universal “justamente porque creo que tensiona demasiado no sólo las finanzas de las universidades. Eso es secundario. El problema es que tensiona la autonomía porque cuando todos los ingresos vienen por una sola vía, las decisiones de lo que se va a hacer dentro de la universidad la toma el Ministerio de Hacienda.”

 

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