La reforma requiere proponer un modelo de desarrollo de la educación superior chilena

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(Hugo Lavados, Rector U. San Sebastián; Ana Luz Durán, Centro de Investigación para la Educación Superior).- Uno de los aspectos más notables que ha logrado el proyecto de ley sobre educación superior, es conseguir que casi todos los actores del sistema estemos de acuerdo en que no es sustentable impulsar una política pública que no proponga un diseño adecuado para el desarrollo del sistema de educación superior. Adecuado quiere decir basado en principios, evidencias y posible de lograr.

La propuesta de gobierno parte de un sustento axiológico que trata como identidades lo privado con el lucro y lo público con lo estatal. Sobre esta premisa se sustenta un modelo en que el Estado traspasa su rol promotor a uno de garante del sistema, en términos de la seguridad y protección de las personas que, al plasmarse en el proyecto, traspasa las fronteras hacia un Estado interventor.

El proyecto de ley contiene un modelo de educación superior incompleto y muy imperfecto, que no fue discutido y que considera sólo parcialmente a los actores del sistema, dando una especie de “vuelta de tuerca” a la realidad existente, de forma que pueda ajustarse a los principios enunciados.

Existe bastante evidencia y acuerdo entre quienes han estudiado este tema que el diseño debe abordar la calidad, el nivel de desarrollo de la formación post secundaria en el contexto latinoamericano y mundial y tener una mirada de largo plazo, que más que definiciones precisas indique las tendencias que debemos seguir. Sobre esa base deberíamos sustentar un sistema educativo que sea coherente y tribute al desarrollo del país para los próximos 40 años, sobre la base de cuatro dimensiones: marco regulatorio, fiscalización, calidad y financiamiento.

El marco regulatorio comprende los valores que sustentan el sistema basados principalmente en los límites socialmente aceptados de la educación como derecho, la definición de autonomía universitaria, la provisión mixta y la diversidad de proyectos educativos. Junto a lo anterior, tenemos que perfilar la institucionalidad pública y privada que participa en los distintos niveles de la formación post secundaria los que se estructuran sobre los grados y títulos que pueden ofrecer las instituciones. A su vez, se tienen que identificar los distintos trayectos de formación basados en las competencias a desarrollar a lo largo de la vida, al estar contenidos en un marco de cualificaciones. Un ejemplo de ese análisis se encuentra en la declaración de Bolonia que propone armonizar los diferentes esquemas existentes dentro de la Unión europea.

En segundo lugar, se requiere contar con mecanismos de fiscalización que den garantía de una adecuada supervisión del funcionamiento de las instituciones y resguarden la fe pública. Una entidad estatal pero autónoma dotada de las competencias necesarias para articular el sistema y enfrentar la diversidad de situaciones. La autonomía no es sinónimo de carencia de rendición de cuentas, por lo que debemos buscar mecanismos para lograr ese equilibrio, a veces precario.

En tercer lugar, la calidad del sistema debe estar basado en un conjunto de políticas de aseguramiento de calidad, internas y externas que se traduzcan en principios, estándares, procedimientos y guías que respondan a la diversidad de perfiles y proyectos de desarrollo. Se debe velar por reconocer y valorar la integridad de las instituciones lo que implica, por ejemplo, tener sistemas diferenciados de admisión y acreditación para los centros de formación técnica e institutos profesionales y para las universidades. Se requieren estándares que reconozcan la calidad tanto de las universidades docentes como de las universidades complejas o de investigación. Pretender que todas las universidades sean de alta complejidad, es una bella utopía.

La evidencia mundial indica que no existen sistemas nacionales de universidades en que todas realicen investigación de alto nivel basadas en las publicaciones WOS. La complejidad es relativa, como por ej. en los países escandinavos, donde las universidades son estatales y solo existen una o dos de alta complejidad. En otros países encontramos mayor participación de universidades privadas, la mayoría docentes con unas pocas de alta complejidad.

Si lo que pretendemos es desarrollar el sistema en su conjunto hacia el paradigma de universidades complejas, se requiere establecer un sistema de financiamiento que permita llevar a todas las instituciones del sistema universitario hacia ese umbral, lo que ha sido prácticamente imposible a nivel internacional.

El financiamiento del sistema requiere un aumento de los recursos fiscales considerando que actualmente el financiamiento está centrado principalmente en el gasto privado, si nos comparamos con otros países de la OECD.

La gratuidad para los estudiantes que pertenecen al 50% de menores ingresos es una política sin retorno. La medida careció de previsión sobre los efectos negativos haciendo necesario elevar el arancel regulado lo que hace casi imposible subir el 50% de cobertura.

Es indispensable mantener distintas modalidades para financiar a los estudiantes del 50% superior porque los ingresos de los hogares, incluso hasta el decil IX, no permiten cubrir el arancel completo, siendo necesario mantener el fondo solidario y el CAE, considerando que esta modalidad es común en el mundo, y viendo mejoras basadas en las mejores prácticas, como las experiencias del Reino Unido y Australia. Es evidente que la equidad no se favorece si, aunque no hay diferencias sustantivas entre universidades ni es distinto el perfil socioeconómico de los estudiantes, se privilegia a los estudiantes del CRUCH en créditos y becas. La modificación de la glosa presupuestaria de 2017, que dispone un cierto número de becas de monto igual para todos los estudiantes, es un paso en la dirección correcta en términos de equidad.

Quienes somos parte del devenir del sistema universitario tenemos la responsabilidad de plantear nuestras dudas y nuestras propuestas. El gobierno debe abandonar las posturas sesgadas y repensar el cambio de la política pública de educación superior con todos los actores del mundo de la educación, la ciencia y la tecnología, de las empresas, de otros actores del Estado que tienen algo que decir respecto a qué tipo de profesionales requiere el país y a las recomendaciones de los organismos internacionales. El llamado es a proponer políticas de Estado y no políticas de gobierno, para pensar seriamente la educación superior de cara a los próximos 40 años.

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