El nuevo ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación

Ministerio ciencia

(Dr. Iván Navarro A, presidente AEQUALIS).- Aprobado por el Parlamento, se espera la promulgación de la ley y la instalación del nuevo ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, una de las iniciativas más valorables y esperadas por el medio científico, por los investigadores y, en general, por quienes estimamos que esta nueva institucionalidad puede constituirse en una palanca estratégica y decisiva para alcanzar los niveles de desarrollo y bienestar  que el país espera para todos sus habitantes.

Dicho ministerio será el responsable de ejecutar la Política y hacer funcionar el Sistema Nacional previsto por la ley, responsables de organizar y promover la formación de recursos humanos altamente calificados y técnicos especializados para el desarrollo de la investigación básica y aplicada, para la generación de conocimiento en las diversas disciplinas del saber, para el desarrollo, transferencia y difusión de la tecnología y para el fomento de la innovación pública y privada en todas sus dimensiones.

Una nueva institucionalidad que debe dar una mayor unidad y sentido a los esfuerzos que se han hecho desde el siglo pasado en materia de ciencia e investigación, traducidos en diversas expresiones institucionales que ciertamente han generado avances, pero también dualidades y dispersión de los insuficientes recursos financieros de que se ha dispuesto, escondiendo la escasa voluntad política que hasta ahora había impedido contar con una institucionalidad acorde con la importancia que la ciencia, la investigación, el conocimiento y, muy especialmente, la innovación deben tener para un nivel de desarrollo que somos capaces de alcanzar, pero que hasta ahora nos ha sido esquivo. Diversas organizaciones y actores han emitido opiniones de respaldo a esta iniciativa, pero también sobre las condiciones que se deben cumplir para que esta institucionalidad funcione y no sea solo un reordenamiento de la institucionalidad pública atomizada y dispersa que hemos tenido hasta ahora, aun reconociendo el aporte inmenso que han realizado instancias como Conicyt, Fondecyt, Fondef, Instituto de Chile, la propia CORFO, o el de las propias universidades que hacen el aporte más significativo en la ejecución de políticas vinculadas especialmente al desarrollo de la ciencia y la investigación.

De hecho, la primera de esas condiciones es la financiera. Chile está a la vanguardia del desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el concierto latinoamericano, pero ello debiera atribuirse, más que a nuestras virtudes y avances, a la opacidad de nuestros vecinos en estas materias. Nuestra realidad es dramática y si queremos mejorar tenemos que superar el 0,37% del PIB que actualmente destinamos a Ciencia y Tecnología, llegando al 1% en lo posible en el horizonte del actual gobierno y en los próximos diez años, ojalá al 3%, que es el nivel que tienen muchos de los países desarrollados, sin dejar de mirar con ilusión el 5% del PIB que destinan a este rubro países que están a la vanguardia del desarrollo. Ello dependerá naturalmente de los recursos que el país sea capaz de generar y destinar para este cometido en lo que debe ser la nueva política nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación que ojalá seamos capaces de transformar en una política de país. Sin este componente, que deberá formular el nuevo Consejo Nacional como instancia pertinente para ello del nuevo ministerio, la institucionalidad que se está creando podría ser una gran quimera.

En la discusión y análisis de esta ley quedaron materias que seguramente deberán perfeccionarse en el desarrollo mismo de ella. Ha surgido el reclamo de algunos círculos académicos y de investigadores en torno al tema de la transferencia de la investigación, establecido en el artículo 9 de esta ley, que afectaría los términos de la transferencia de la investigación que se hace en Chile, aumentando la participación del Estado en los beneficios y en el manejo de ella, pero principalmente el reclamo se hace por haber tomado una decisión no consensuada, que puede tener consecuencias negativas para el fomento de la ciencia, que es precisamente lo que la nueva ley tiene como uno de sus principales objetivos. De la misma forma, se presiente que la innovación debería tener una importancia equivalente al de la investigación y desarrollo, representadas en la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Para ello será necesario definir el rol que tiene y/o seguirá teniendo la Corfo en la nueva institucionalidad, cuestión que parece no está satisfactoriamente definida en la letra de la nueva ley.

En fin, lo realmente significativo es contar con una normatividad nueva para un ámbito de la vida nacional que tendrá siempre mucha importancia en nuestro futuro de país, como lo que representa la creación de esta Política Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y su respectiva expresión institucional. Es un paso importante, pero aún es solo un paso… faltan otros, para que ello sea un nuevo caminar hacia el desarrollo de nuestro país.

 

 

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