Postergación de un cambio educacional estructural

Iván Navarro

Iván Navarro Abarzúa (Miembro del Directorio de Aequalis y Director Ejecutivo de CPU).- Como consecuencia de los cambios educacionales que se intensificaron con las demandas y la presión ejercida por las movilizaciones estudiantiles de 2006, se reemplazó la Ley Orgánica Constitucional de Educación, N°18 962 (LOCE), que el gobierno militar había promulgado el 10 de Marzo de 1990, por la nueva Ley General de Educación (LGE), N°20 370, promulgada el 12 de Septiembre de 2009.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 25 de esta LGE y en el plazo establecido en su artículo 8° transitorio, en el inicio del año escolar 2018 debería comenzar a regir una reforma estructural a la enseñanza básica y media del país. El Gobierno de la Presidenta Bachelet, ad portas de vencer el plazo determinado en el artículo 8º transitorio de la LEGE, ha decidido modificarlo por nuevos 10 años.

La LGE en términos generales ordena revertir el cambio educacional que introdujo la reforma de 1965, que modificó la estructura de la educación primaria y secundaria de entonces, generando en su reemplazo una educación general básica de ocho años y una media de cuatro. En la disposición que debería entrar en vigencia al inicio del año académico 2018, la LGE ordena volver a reestructurar la actual enseñanza básica y media de 8 y 4 años, estableciendo un ciclo de educación básica y uno de media de seis años de duración cada uno, especificando que la educación media deberá contemplar 4 años de formación general y dos de educación diferenciada.

La justificación para la adopción de esta medida estuvo influenciada en parte por la experiencia internacional en donde la mayoría de los sistemas se estructuran de la forma que propone la LGE y, por otra parte, porque esta modalidad permitirá superar dificultades que tienen que ver con la articulación del ciclo escolar en sí y de éste con la educación de nivel terciario. Conocido es además el efecto que tiene en la calidad de la enseñanza, el hecho que las clases de 7° y 8° año de enseñanza básica en una importante proporción son servidas por profesores generalistas y más bien preparados para ejercer sus funciones docentes en el nivel básico y no en el medio, lo que limita la capacidad técnica de preparar a los estudiantes para las exigencias mayores que implica el avance en el sistema. Esto afecta principalmente la educación pública, dado que la educación particular y la subvencionada han ido avanzando en el nivel de especialización de los docentes, para ejercer una docencia más especializada y adecuada a los niveles de aprendizaje creciente que el estudiante debe asumir. En definitiva, es una disposición importante, que tiene incidencia directa en el mejoramiento de la calidad de la educación en su conjunto.

La Presidenta Bachelet ha enviado a la Cámara de Diputados, el 8 de Marzo recién pasado, el Mensaje 166- 364, mediante el cual se inicia un proyecto de ley que posterga hasta el año 2026 la entrada en vigencia de la nueva estructura curricular establecida en los artículos 25 y 8° transitorio de la Ley 20 370 General de Educación.

¿Qué motiva esta postergación, que a estas alturas es ya inevitable?

La entrada en vigencia de la disposición legal supone condiciones que ya no se cumplieron, dado que a los gobiernos que debieron haber aplicado la norma pareciera que les pasó desapercibido el mandato legal y, en consecuencia, no se adoptó ninguna medida preparatoria conocida  para su puesta en vigencia. ¿Cuáles son dichas medidas?

Una primera es informar explícitamente al país de la nueva estructura curricular y de las condiciones y consecuencias que ello tiene para el estado y para la sociedad. No es menor que los ciclos de formación básica y media tengan una nueva estructura, tampoco que la nueva enseñanza media de seis años contemple dos años de educación diferenciada, que puede preparar de mejor forma que en la actualidad la articulación con la educación superior y ayudar al estudiante a enfrentar mejor la vida activa, si es que su opción es incorporarse tempranamente al mundo del trabajo. Tampoco es menor que se ofrezca una “trayectoria escolar de calidad” como lo define el Mensaje presidencial y con profesores especialistas para toda la enseñanza media, superando con ello el problema actual que se ha señalado anteriormente. Esperemos que el debate parlamentario que generará este Proyecto de Ley incorpore este tipo de variables.

En segundo lugar, así como no es posible poner en marcha la nueva estructura curricular en el plazo señalado por el artículo 8° transitorio, tampoco lo será en los nuevos diez años que propone el artículo único del Proyecto de Ley, si no se genera un Plan de Implementación de la nueva estructura Curricular que, progresivamente y desde ahora, vaya generando las condiciones para que entre en vigencia efectivamente en el año 2027, como lo establece la propuesta de la Presidenta Bachelet.

Dicho Plan de Implementación debería, considerar las condiciones que se proponen en el Mensaje que acompaña al Proyecto de Ley:

1.-Para la entrada en vigencia de la nueva estructura curricular, al día de hoy, se deben intervenir más de 4200 de los cerca de 12 000 establecimientos de enseñanza básica y media del país,  para que se adecúen a la nueva realidad curricular. Ello implica ampliar infraestructura, rediseñar espacios educativos, redistribuir espacios existentes, entre otros, que implicarán un costo excepcional para el Estado, seguramente no previsto en las políticas actuales de financiamiento.

2.-A nivel de los profesores, se debe especializar una parte importante de quiénes hoy ejercen docencia en el 7° y 8° básico, próximos 1° y 2° medios, sin tener la formación necesaria para ello, menos aún si se piensa desde la perspectiva de la articulación con cursos y niveles superiores. El mensaje presidencial estima que las políticas de especialización debieran, al menos, favorecer a 25.000 de los 63.590 profesores que actualmente trabajan en el 7° y 8° básicos.

3.- A lo anterior, debiera sumarse un Plan Nacional de Capacitación para todo el profesorado y el personal directivo y paradocente, de manera de capacitar en la distribución diferente de los contenidos curriculares y, especialmente en las nuevas condiciones que se generaran para la convivencia escolar en cada uno de los establecimientos en que la reforma curricular opere. Un factor reciente, que puede ser muy funcional a estos dos puntos, es que se cuenta con un nuevo Sistema de Desarrollo Profesional Docente, la ley 20903 de 2016, que abre espacio a este tipo de especialización, capacitación y perfeccionamiento de profesores.

4.-Por último, y ciertamente no menos importante, se debe contar con una planificación previa del financiamiento que haga posible la implementación de la nueva estructura curricular y de la o las fuentes de las que provendrá, para garantizar la factibilidad de lo mismo.

En definitiva, el Parlamento deberá aprobar el proyecto de ley que está presentando el Gobierno, dado que ya no existe otra alternativa pero, a fin que no acontezca lo mismo que ahora, debiera aprobarse, tomando éstos y otros reparos si fuese necesario, para garantizar el cumplimiento de la ley General de Educación.

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