Un proyecto mal concebido

JJ León

(José Julio León, Vicepresidente de AEQUALIS).- Las políticas educativas desde 1990 en adelante han postergado a la Educación Superior Técnico Profesional (ESTP), respecto de la educación superior universitaria.Entre 2006 y 2018, la matrícula total de pregrado casi se duplicó: aumentó de 668.532 a 1.068.905 estudiantes (en 2017, la matrícula total disminuyó levemente respecto del año anterior, indicando que entramos a una fase de estabilización –y redistribución- de la matrícula). En 2018, 465.869 jóvenes cursan estudios en Centros de Formación Técnica (CFT) o Institutos Profesionales (IP), lo que corresponde al 43% del universo total de pregrado.

El mayor crecimiento por tipo de IES (entre 2005 y 2015) se venía dando en los IP, a una tasa promedio de 12%, el doble del sistema (Salas y Gómez 2015). Entre 2015 y 2018 -después que se puso en marcha la gratuidad- los IP disminuyeron su matrícula total de 345.774 a 331.822 estudiantes, y los CFT la disminuyeron de 144.042 a 134.047 alumnos. Las IES que más incrementaron su matrícula los últimos dos años fueron las universidades.

Esto es uno de los efectos de la gratuidad: a igualdad de condiciones (instituciones adscritas a ese financiamiento) los estudiantes se inclinan por las universidades. Al observar la matrícula de primer año, entre 2015 y 2018, las universidades aumentaron de 129.631 a 133.523 estudiantes, en tanto que los IP y CFT disminuyeron, en conjunto, de un total de 176.498 a 164.310 estudiantes).

Los datos son menos alentadores si se mira el financiamiento fiscal destinado a educación superior. Del total de recursos entregados a estudiantes mediante ayudas estatales (gratuidad, becas y créditos) anualmente, un 78% se entrega a quienes asisten a universidades, mientras un 22% se otorga a quienes estudian en la ESTP. La gratuidad beneficiará este año a cerca de 350.000 jóvenes; menos del 40% corresponde a estudiantes de la ESTP. Ello a pesar de que quienes asisten a CFT e IP son mayoritariamente los estudiantes provenientes de las familias con menos recursos y de clase media. Los recursos no se están focalizando hacia quienes más necesitan de la ayuda estatal ni son eficaces en orientar la oferta hacia las carreras cortas más conectadas con el sector productivo.

El Gobierno ha enviado al Congreso una iniciativa para extender el beneficio de la gratuidad a estudiantes que provienen de familias pertenecientes al séptimo decil socioeconómico matriculados en los CFT e IP actualmente adscritos a este sistema de financiamiento. En lo demás, la regulación de este financiamiento se sujeta a la ley de reforma a la educación superior (Nº 21.091), tanto en lo pertinente al cálculo del beneficio como a los requisitos que deben cumplir las IES y sus estudiantes. El Mensaje declara que la ESTP es “un eje fundamental para el desarrollo del país y para el logro de una sociedad con igualdad de oportunidades”. Pero reconoce, al mismo tiempo, que el proyecto busca cumplir uno de los compromisos adquiridos durante la campaña presidencial del año 2017, en especial, en la segunda vuelta (a instancias del Senador Manuel José Ossandón).

El proyecto no ha podido avanzar en su primer trámite, entre otros, debido a que enfrenta un doble problema de constitucionalidad que resulta imposible de resolver:

En primer lugar, no se incluye a los estudiantes que estudian carreras técnicas en universidades, con lo que no es cierto que el objetivo del proyecto sea promover la matrícula en las carreras técnicas, sino en un grupo cerrado de IP y CFT, lo que resulta discriminatorio, a la luz de los criterios ya establecidos por el Tribunal Constitucional.

En segundo término, el beneficio, en los IP y CFT adscritos a gratuidad, se obtiene tanto al estudiar carreras técnicas como profesionales sin licenciatura, por lo que si se lo quiere extender a las universidades exigiría incluir las mismas carreras, excluyendo únicamente a quienes cursan carreras profesionales con licenciatura.

Extender, sin embargo, el beneficio a los estudiantes de carreras profesionales sin licenciatura en las universidades también generaría vicios de inconstitucionalidad: la indicación iría contra la idea matriz -el objetivo declarado- del proyecto y generaría una nueva discriminación, esta vez, con los demás estudiantes de pregrado de las universidades.

Más grave aún, los datos muestran que la gratuidad está generando un traspaso de estudiantes desde las carreras técnicas a las profesionales; por tanto, si el Gobierno quiere perseverar en la aprobación de este proyecto estaría agravando los problemas que genera la política de gratuidad así como la “falta de atención” al sector ESTP, en vez de contribuir a solucionar ese problema.

Sería mejor reconocer que este proyecto –y la promesa de campaña que lo antecede- adolece de un error de diagnóstico y un mal diseño legislativo, en vez de persistir en el error e instar a la aprobación de esta iniciativa.

 

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