Restricción de Vacantes en Educación Técnico Profesional

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(Ricardo Paredes, Duoc UC ).- Un aspecto distintivo de la educación superior técnico profesional es la inclusión. Todas las instituciones, incluyendo las de mayor calidad y reconocimiento, han venido aceptando a sus postulantes por estricto “orden de llegada”, sin que medie una selección de orden académico, lo que tiene consecuencias. Por el lado positivo, la certeza de tener un esquema no discriminatorio, inclusivo. Por el negativo, la dificultad de parear, de generar correspondencia entre habilidades, vocaciones y elección.

Ante una política pública en la que el financiamiento estudiantil es altamente subsidiado, mantener estándares altos de calidad en contextos en los cuales los recursos son especialmente limitados, hace que la demanda exceda la oferta de vacantes; esto es, que haya potenciales alumnos que no puedan ingresar a las distintas instituciones.

El caso de Finlandia es polar e ilustrativo. Ahí prevalece la política que ningún estudiante paga por su educación. Así, restricciones a la matrícula son cosustanciales al financiamiento estatal. Una consecuencia es que en Finlandia, país que posee un ingreso per cápita sustancialmente mayor al de Chile, 2 de cada 3 postulantes a la educación superior queda fuera y la cobertura no es mayor a la de Chile.

Sin necesidad y lejos de ser Finlandia, las restricciones a la matrícula en el sector técnico profesional las hemos empezado a experimentar en Chile desde este año 2017, cuando por Ley se impuso un límite al crecimiento del 2,7% en las instituciones que adscribieron a la gratuidad. Ello no es cosustancial a la política chilena, pero la imposición responde a que implícitamente se está legislando como si estuviéramos en un régimen de largo plazo de tipo finlandés. En Chile hay consenso y la política pública así lo recoge, que la gratuidad total es impracticable (el disenso político es respecto de si es conveniente). Por ello, la gratuidad alcanza hasta el quinto decil. En simple, la sociedad ha definido como prioritario financiar completamente hasta esos estudiantes y no hacerlo con el resto, relativamente más favorecidos, y ello difiere del régimen de operación deseado por quienes pensaron que la gratuidad completa era una buena idea.

El problema es que cuando se restringe la matrícula, hay potenciales alumnos que tienen interés en estudiar, están dispuestos a financiarse, y la restricción de la matrícula no les permite encontrar instituciones de calidad, las elegibles para la gratuidad, que tengan vacantes. La pregunta obvia es entonces, cómo hacerlo para que quienes no quedan con vacantes, accedan a estudiar en instituciones de calidad, y no sean forzados a hacerlo en otras instituciones de peor calidad.

Si el límite se impusiera exclusivamente respecto de lo que es la piedra del zapato para el Gobierno, el financiamiento y por ende, los alumnos elegibles, el problema estaría parcialmente resuelto. Así, por ejemplo, el Ministerio señalaría que los beneficiarios con gratuidad son 400.000 y a ellos los financia.

La pregunta siguiente es cómo se identifican los beneficiados, aquellos que pertenecen a los más vulnerables (los de los primeros cinco quintiles), y que merecen financiamiento. Desde luego, hay un tema político difícil de zanjar, pues se requiere identificar y explicitar quienes, entre el universo de vulnerables, no serán beneficiados. Hoy, como señalaba, quedan potencialmente fuera alumnos vulnerables que no alcanzan a matricularse en los cupos existentes, y también alumnos menos vulnerables que a pesar que tienen disposición y financiamiento parcial propio, con instituciones dispuestas a recibirlos, la restricción de cupos no les permite ingresar.

En el sector de educación técnico profesional los test que permitan predecir rendimiento posterior no están validados y se requerirá tiempo para ello. Sin embargo, sí existen otras formas de predecir rendimiento, que no comprometen la inclusión, como es el ranking en la enseñanza media, las notas, y el tipo de educación de origen. Así, un polinomio que considere estos factores para ordenar a quienes entregar el beneficio es una fórmula obvia de usar.

 

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