Tradición constitucional en educación superior

Jose julio Leon

En su columna del pasado 20 de junio, Luis Cordero sostuvo que las reformas a la educación pública y superior serían una excusa para discutir las cosas desde nuestra “verdadera” tradición, que concibe la educación como “un proyecto colectivo”.

La Segunda

Esa tradición, que se remontaría  a la Constitución de 1822, se habría roto con la Carta de 1980, que subordinó “la libertad de enseñanza al emprendimiento” y la transformó en “sinónimo de autonomía”. sobre éste y otros temas habla  José Julio León, Vicepresidente de Aequalis, en su Columna de Opinión.

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1 Commentario

  • Ricardo Quappe 9 julio, 2016 at 2:00 pm - Reply

    Más aún, la restricción de cupos dejaba a mucha gente con buenos puntajes sin la posibilidad de estudiar su primera opción. El surgimiento de instituciones privadas permitió el desarrollo intelectual de mucha gente que de otra forma no habría podido acceder al siguiente nivel educativo.
    El aumento de profesionales dio impulso al desarrollo social y económico del país que de otra forma hubiese sido menor y más lento.
    Yo soy uno de ellos, por lo que doy fe de sus beneficios.
    En estos tiempos en los que se pone en tela de juicio el aporte de las instituciones privadas por fuerzas ideológicas pro estatistas, no se evalúa la gestión real de las instituciones tradicionales que descansan en su prestigio centenario, pero que se cae al conocer el actuar de sus ex alumnos (Penta, SQM, CMPC) y las copias masivas de sus alumnos actuales.
    Los organismos educacionales, al igual que toda institución, debe pasar lista continuamente en cuanto al cumplimiento de sus deberes en su propio mérito, y no diferenciarse por su “historia o tradición”.
    Por último, el manto de la gratuidad universal que se quiere imponer en Chile, no busca otra cosa que al ser instrumentalizado a través del Estado, será este este quien defina las condiciones que deberán cumplir TODAS las instituciones que quieran operar en este país. Eso establece al Estado chileno cómo juez y parte para otorgar “permiso” de funcionamiento a todas las organizaciones educacionales, ya que lo demás se entenderá como ejercicio del lucro, teniendo que dejar de operar. Al mismo tiempo, al ser el Estado el que define la educación, sus parámetros y límites, no dejará espacio para la creatividad ni la innovación en esta materia, rigidizando el sistema ya entrados en el siglo XXI. Eso sería nefasto para el país y sus ciudadanos, presentes y futuros.

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