El Mercurio
Rector Ignacio Sánchez explica que la acción legal se debe a la decisión del gobierno de no incluir los fondos para el Aporte Fiscal Indirecto (AFI) en el presupuesto 2017. Daño patrimonial llegaría a los $ 1.700 millones.
La acción judicial que se presentará ante los tribunales civiles fue decidida por el rector Sánchez, después de tres semanas de evaluaciones con expertos jurídicos de la universidad.
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