Universidades, desarrollo regional y descentralización

J. A. Abalos

José Antonio Ábalos, director ejecutivo AUR (Agrupación Universidades Regionales).- Las 22 universidades regionales del CRUCH han asumido las características, problemas y desafíos de sus territorios, por lo que su misión está marcada por el esfuerzo permanente de integrar calidad, compromiso y pertinencia con su entorno.

Acogen a 220.000 estudiantes y cuentan con una comunidad académica de 20.000 docentes e investigadores. Su docencia de pregrado, miles de diplomados, los 450 programas de magíster y 120 de doctorados cubren todas las áreas de interés regional. Han formado profesionales, pero particularmente personas, que han impulsado la gestión pública y privada, medios de comunicación, gremios, organizaciones culturales y de la sociedad civil.

Aportan entre el 40-45% de la investigación científica indexada en Chile, aunque reciben sólo entre el 35-38% de los recursos públicos. Realizan la mayor parte de las actividades artísticas y culturales que se hacen en cada región y promueven la identidad local.

Se vinculan cotidianamente con su entorno y los diversos grupos socio-económicos, culturales y sectores históricamente excluidos, como comunidades indígenas, rurales, de discapacitados, inmigrantes, adultos mayores, reclusos y otros. Apoyan las políticas sectoriales, regionales y locales, y aportan conocimientos y legitimidad en los diversos consejos público-privados y corporaciones locales en las que participan. 

Desafíos para las Universidades Regionales

Un arraigado centralismo cognitivo ha instaurado un sistema de educación superior que no reconoce la diversidad geográfica, las injustas desigualdades socio-económicas y territoriales y la excesiva concentración que limita el desarrollo y tensiona crecientemente el sistema político e institucional. 

En este contexto, varios son los ámbitos que concentran las energías y retos 2017 para este conjunto de universidades.

Primero, afianzar el desarrollo institucional combinando simultáneamente la pertinencia de sus actividades con las necesidades y desafíos del país y su entorno regional; una creciente calidad de su quehacer; y, entre otras, asumir proactivamente las políticas de inclusión.

Junto con la sociedad civil, los agentes productivos y el sector público, son uno de los 4 polos de desarrollo territorial y constituyen agentes vitales en impulsar un Chile descentralizado.

Los diversos rankings muestran inexorablemente a las universidades regionales del norte y sur con presencia mayoritaria en los 10 ó 20 primeros lugares. No obstante que todos ellos ignoran las mayores dificultades del quehacer universitario fuera de la capital y el esfuerzo de integrar grupos socio-territoriales marginados de los procesos de desarrollo.

Un segundo reto es participar en la discusión de políticas públicas referidas a la educación superior y al desarrollo científico y cultural del país.

El debate generado por la reforma a la Educación Superior y el que se anticipa por la institucionalidad para la Ciencia y la Tecnología requieren una participación activa de estas universidades. Son ellas las que en esos temas cuentan con una reconocida trayectoria, conocimientos y legitimidad para representar a las comunidades regionales y cautelar que tan importantes políticas sean efectivos instrumentos de desarrollo armónico y equilibrado.

En esos temas las universidades regionales plantean cuestiones básicas.

Que los diagnósticos reconozcan los esfuerzos que ellas hacen, de Arica a Magallanes, fuera de los grandes centros metropolitanos. Que principios y fines explícitamente asuman como retos la diversidad territorial, inequidades y el negativo centralismo. Que la gobernanza del sistema incorpore representación regional y las políticas tengan expresión territorial. Que se evalué la “calidad en el contexto en que se realizan las actividades”. Que los recursos se distribuyan por regiones e instituciones –y no por lógicas de mercado o supuestamente competitivas-, que se expliciten políticas de descentralización de recursos humanos y talentos, y se valore la existencia de universidades que han sido y serán parte del patrimonio de las comunidades locales.

Un tercer desafío para estas universidades es profundizar su aporte al desarrollo regional y nacional y también a la descentralización.

Las universidades asumen plenamente el “compromiso territorial”. Para esto colaboran estrechamente con los gobiernos regionales, municipalidades, ministerios y servicios públicos en la formulación e implementación y seguimiento de políticas públicas. Ejemplos a la mano son la creación de facultades de medicina en regiones con salud deficitaria, el apoyo a sectores productivos exportadores o de pymes, a los pueblos originarios y, entre otros, la formación de profesores para la educación pre-básica y media. Pero también colaboran con diversas organizaciones e iniciativas no estatales, ayudando a densificar la trama social, política y cultural y enriqueciendo la vida local.

Sin embargo, decisiones del nivel central generan cambios frecuentes de autoridades regionales y de políticas y les impiden construir procesos de colaboración con universidades que inevitablemente piensan en desarrollos institucionales de mediano y largo plazo –una carrera o un centro de investigación-. Lo anterior, explica que estas universidades apoyen decididamente la descentralización política, competencial y financiera en favor de gobiernos regionales y municipalidades. Así universidades y actores públicos locales dotados de autonomía y recursos podrán construir alianzas, compartir agendas e impulsar conjuntamente proyectos estratégicos claves para el desarrollo de sus territorios.

Un cuarto desafío, es lograr que la valoración y legitimidad que ellas tienen en sus comunidades sea igual a nivel nacional y particularmente entre medios y autoridades de gobierno y parlamento. El desarrollo de Chile desde siempre se ha sustentado en sus regiones –sus paisajes, riquezas, cultura y talentos-, en los que las universidades, formadas por sus propias comunidades más que por iniciativa central, han tenido siempre un papel principal.

Sin embargo, Santiago y el centralismo cognitivo que lo caracteriza, ignora en forma sistemática los aportes y capacidades existentes más allá de sus estrechas fronteras. Eso ocurre en la designación de autoridades –ministros o jefes de servicios centrales-, en la conformación de comisiones o en el diseño de políticas “nacionales”, en los esquemas homogéneos de acreditación y ranking de calidad, y en la asignación de recursos.  De lo anterior fluye un desafío permanente de las universidades regionales: incorporarse en la agenda nacional, dar a conocer sus aportes al desarrollo y participar en iniciativas “nacionales”. El país debe valorar el trabajo de estas instituciones, pues esto implica reconocer al aporte de sus comunidades locales al desarrollo de Chile, en todo Chile.

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